La transición del poder en Latinoamérica de cara al 2026

El impacto geopolítico que se produjo el 3 de enero de 2026, cuando las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro en Caracas, ha alterado el panorama de riesgo político en Sudamérica. Se trata del cambio más significativo en la dinámica de poder del hemisferio occidental desde el final de la Guerra Fría: el reinicio de la doctrina Monroe para el siglo XXI.

Mientras EE.UU. inicia un período de influencia y control potencial en Venezuela, tres economías influyentes del continente —Perú, Colombia y Brasil— se encaminan hacia elecciones generales que decidirán si Sudamérica se integra en un corredor de seguridad y recursos alineado con EE.UU. o se retira a un bloque defensivo y multipolar del sur global.

A pesar de que México no celebrará elecciones generales este año, sigue siendo un pilar fundamental en el panorama de la doctrina Monroe 2.0, ya que actúa como principal crítico diplomático y como nodo económico fundamental en el nuevo orden regional. El operativo estadounidense de 2026 en Venezuela ha colocado a México en una posición precaria, al tener que equilibrar su compromiso constitucional de no intervención con su profunda integración económica con Estados Unidos.

La intervención en Venezuela podría convertir las próximas elecciones sudamericanas en un referéndum sobre la nueva postura estratégica de Estados Unidos. Los datos de fuentes abiertas y las encuestas actuales sugieren que la «marea rosa» —la tendencia hacia gobiernos de izquierda o de tendencia izquierdista en la región— está retrocediendo, sustituida por una marcada división ideológica centrada en la seguridad y la soberanía nacional.

Perú entra en su ciclo electoral en abril de 2026 con un panorama fragmentado de más de 35 candidatos registrados. La principal preocupación de los votantes es la delincuencia, lo cual ha popularizado cada vez más las propuestas políticas más duras. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), se ha situado como un líder al estilo de Bukele, abogando por la expansión inmediata de la minería y la purga de la influencia de la izquierda bolivariana. En la actualidad, compite con Keiko Fujimori para conseguir el voto conservador, mientras que el comediante Carlos Álvarez, un recién llegado a la política, lidera varias encuestas con un discurso antisistema.

El país acoge a más de 1,5 millones de migrantes venezolanos. Cualquier estabilización en Caracas que facilite la repatriación podría suponer un alivio fiscal para los servicios sociales de Perú. Una victoria de la derecha probablemente aceleraría el desarrollo del centro logístico del puerto de Chancay, a la vez que reforzaría los lazos de seguridad con Washington para contrarrestar la inestabilidad regional. A pesar de los continuos cambios en el poder ejecutivo, Perú sigue siendo uno de los países emergentes favoritos debido a la independencia de su banco central y a sus sólidas reservas de cobre y oro. Perú es la apuesta segura en el escenario actual, ya que, aunque se recrudezca la retórica política, el motor minero no se detendrá.

Colombia es el país más directamente afectado por la caída de Maduro. Las próximas elecciones en Colombia son, en el fondo, una elección entre dos opciones en cuanto a la calificación crediticia del país y su relación con EE.UU. en materia de seguridad. El país celebrará elecciones legislativas y primarias en marzo, con una segunda vuelta en junio de 2026. La derecha opositora (María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella) hacen campaña a favor de un realineamiento total con Estados Unidos. Su plataforma propone privatizar partes de Ecopetrol, reactivar los agresivos esfuerzos antinarcóticos y aprovechar la transición de Caracas para desmantelar los refugios que antes utilizaban los disidentes del ELN y las FARC.

Iván Cepeda, a la izquierda, es el posible sucesor del legado de Petro. Su plataforma enfatiza la soberanía medioambiental y ha calificado la incursión estadounidense como una violación del derecho internacional. Una victoria de la oposición en Colombia probablemente generaría un dividendo de seguridad, lo que podría poner fin al conflicto interno de 60 años en Colombia al eliminar la estructura de apoyo bolivariana a los grupos armados. Podría desencadenar una compresión masiva de los spreads de los bonos soberanos y una apreciación de la moneda, ya que señala un retorno a la ortodoxia fiscal y un fortalecimiento de la alianza de seguridad con Estados Unidos.

En Brasil, las campañas electorales comienzan oficialmente en agosto, y las elecciones generales se celebrarán en octubre de 2026. Brasil es el peso pesado de la región y la popularidad del presidente Lula se ha visto puesta a prueba por su postura contra el unilateralismo estadounidense. Lula se enfrenta al efecto Moby Dick: un intento de unir a la nación en torno a la bandera de la soberanía nacional para contrarrestar la influencia estadounidense. Asimismo, el descontento por el deterioro de las condiciones económicas y una profunda crisis de seguridad y ética podrían frenar su intento de lograr un llamamiento creíble a la unidad nacional.

Lula sigue siendo un candidato viable y es probable que utilice la incursión estadounidense para argumentar que solo un Brasil fuerte y unificado puede evitar que la región se convierta en un campo de batalla para las rivalidades entre superpotencias. Su plataforma se basa en la expansión de los BRICS, la industrialización impulsada por el Estado y el uso de la influencia de Brasil para mediar en una transición en Caracas que no esté controlada por Estados Unidos. Considera que el control estadounidense sobre el petróleo venezolano es una amenaza directa a la hegemonía regional de Brasil. La oposición de centroderecha de Brasil, liderada actualmente por un conjunto de gobernadores (Tarcísio de Freitas, Romeu Zema y Ronaldo Caiado) y la familia Bolsonaro, propone volver a la disciplina fiscal y fomentar la inversión privada, así como abandonar la retórica antiestadounidense. Su plataforma sugiere reducir los lazos con los BRICS, ratificar plenamente el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y alinearse con las iniciativas de nearshoring de EE.UU. para sustituir las cadenas de suministro chinas. Argumentan que alinearse con EE.UU. en la era posterior a Maduro es la forma más rápida de atraer las inversiones tecnológicas y energéticas necesarias para la modernización industrial de Brasil.

Las elecciones en Brasil determinarán si la séptima economía más grande del mundo sigue siendo líder del sur global o vuelve a girar hacia una arquitectura comercial integrada en Estados Unidos. En este momento, Brasil es un mercado de carry trade para los inversores globales. Por ahora, las altas tasas de interés protegen al real (BRL), pero la polarización política en el 3T de 2026 podría generar volatilidad en el mercado de divisas, ya que los brasileños deben decidir entre un crecimiento impulsado por el Estado y un reajuste del mercado.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en una voz regional destacada contra la acción de EE.UU. en Venezuela, rechazando la intervención como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y una amenaza para la paz regional. Sheinbaum ha planteado la defensa de la soberanía venezolana como una defensa directa de la soberanía mexicana, rechazando explícitamente tanto la intervención estadounidense en el extranjero como cualquier indicio de acciones similares en su propio país. Se espera que EE.UU. utilice la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) en 2026 para obligar a México a cumplir con el avance de la política estadounidense en la región. A pesar de la retórica política de alto riesgo, el papel de México como centro de recursos y fabricación es más importante que nunca para los intereses de Estados Unidos. México ha consolidado su posición como el mayor socio comercial de EE.UU., liderando de manera efectiva la «salida de China», a medida que las empresas se trasladan de Asia a suelo norteamericano.

La destitución de Maduro ha creado un nuevo grupo de ganadores y perdedores en los sectores clave de la región. La perspectiva de que 300.000 millones de barriles de crudo venezolano vuelvan al mercado (bajo la gestión de EE.UU.) limita los precios del petróleo a largo plazo, aunque la reparación de las infraestructuras llevará años debido a los obstáculos a la inversión y los riesgos de sabotaje. El triángulo del litio y el cobre (Argentina, Chile y Perú) se está convirtiendo en una prioridad estratégica para la deslocalización cercana de EE.UU., dada su relevancia para las redes energéticas y las baterías eléctricas que impulsan la industria tecnológica y automovilística. Esos países ya están alineados con las políticas estadounidenses y son aquellos con los que podríamos llegar a firmar acuerdos comerciales preferenciales.

Brasil ha consolidado su posición como la principal potencia en recursos del continente. Brasil, que actualmente es el principal productor de petróleo de Latinoamérica, superó los 4,0 millones de barriles diarios a finales de 2025, con enormes inversiones en exploración que se desplazaron hacia el margen ecuatorial y la cuenca sur. Además de este auge energético, Brasil ha desarrollado nuevas minas de cobre, aluminio y litio, y ahora tiene las segundas reservas de tierras raras más grandes del mundo (como 21 millones de toneladas), solo superadas por China. Con la matriz energética altamente diversificada de Brasil —más del 88% de su electricidad proviene de fuentes renovables baratas como la solar, la eólica y la hidráulica—, garantizar el acceso a los recursos brasileños se ha convertido en un objetivo estratégico fundamental para las empresas tecnológicas estadounidenses que buscan estabilizar sus cadenas de suministro de tecnología verde y hardware de inteligencia artificial.

Si bien Brasil es líder en tierras raras, los consolidados clústeres industriales de México en los sectores automovilístico y electrónico son esenciales para el corredor de recursos alineado con Estados Unidos. Además, los recursos naturales de México, en particular el petróleo, siguen siendo fundamentales para la seguridad energética de Norteamérica, incluso cuando la región se prepara para el posible regreso al mercado de 300.000 millones de barriles de crudo venezolano.

Durante la última década, China ha sido el principal prestamista de Sudamérica, mientras que EE.UU. se ha centrado en México y Asia-Pacífico. China consolidó su influencia en Sudamérica a través de iniciativas masivas respaldadas por el Estado, como la iniciativa de la Franja y la Ruta («One Belt One Road»). Entre los ejemplos más destacados se encuentran el megapuerto de Chancay, en Perú, con un coste de 3.500 millones de USD, diseñado para sortear el Canal de Panamá, y el metro de Bogotá, en Colombia. En Brasil, la presencia de China ha evolucionado desde la simple extracción de recursos hasta la fabricación de alta tecnología, con empresas como BYD y Great Wall Motor que se han hecho cargo de antiguas plantas automovilísticas occidentales para crear centros regionales de vehículos eléctricos. Estas inversiones formaban parte de una estrategia a largo plazo para asegurar las cadenas de suministro de soja, cobre y litio, lo que convirtió a Pekín en el principal socio comercial de dos tercios del continente.

La incursión estadounidense en Venezuela en 2026 está desafiando fundamentalmente este dominio, dejando al descubierto los límites del poder económico chino frente a la intervención del poder duro estadounidense. A medida que Washington reafirma la doctrina Monroe, las empresas respaldadas por el Estado chino podrían enfrentarse a controles más estrictos por parte de los países sudamericanos alineados con EE.UU., donde sus proyectos de infraestructura a largo plazo —antes considerados intocables— podrían estar sujetos a nuevos controles de seguridad para la inversión extranjera directa china, similares al modelo del Comité de Inversión Extranjera estadounidense (CFIUS).

La pérdida de posición es más evidente en el sector energético, donde China está perdiendo su estatus como principal comprador de petróleo venezolano, lo que obliga a las capitales regionales a elegir entre el crédito chino y la seguridad garantizada por Estados Unidos.

Además, los países que mantienen profundos vínculos con China y otros aliados del régimen de Maduro, o que se resisten a las directivas de seguridad de EE.UU., podrían enfrentarse a sanciones secundarias o barreras comerciales.

En esta nueva era geopolítica, México sigue siendo un eje de la región productiva de Norteamérica. Si bien las repercusiones políticas inmediatas de la incursión en Venezuela implican retórica soberanista y fricciones con el gobierno de Sheinbaum, la trayectoria a medio plazo de México sigue ligada a un cambio estructural hacia una arquitectura comercial integrada y proestadounidense.

La región andina, junto con México, constituye un destino atractivo para el nearshoring estadounidense. Las empresas estadounidenses que buscan diversificarse y alejarse de las cadenas de suministro asiáticas pueden acceder a una Sudamérica rica en recursos y abierta a los negocios bajo un nuevo paraguas de seguridad.