¿Puede la inversión a nivel de sistemas resolver los problemas sociales?

Los enfoques de inversión tradicionales se basan en una separación clara: los inversores generan alfa, mientras que la beta —la rentabilidad del mercado en su conjunto— se considera un factor exógeno; algo que hay que optimizar, pero sobre lo que no se puede influir.

La inversión a nivel de sistemas pone en tela de juicio esta suposición. Sostiene que la beta no es neutra, sino que viene determinada por riesgos sistémicos como el cambio climático, la desigualdad y la fragilidad institucional. Estos riesgos no son diversificables y, por lo tanto, afectan directamente a los resultados a largo plazo de la cartera.

Las implicaciones son profundas: si los inversores dependen del sistema para obtener rentabilidad, contribuir a la solidez de dicho sistema no es opcional, sino que reviste una importancia financiera fundamental.

Este cambio plantea una cuestión fundamental: ¿dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de un inversor?

Históricamente, el deber fiduciario se ha interpretado de forma restrictiva, definiéndose en términos generales como la maximización de la rentabilidad financiera dentro de un mandato definido. El pensamiento sistémico amplía esta perspectiva. Si los riesgos sistémicos merman la rentabilidad a largo plazo, ignorarlos podría entrar en conflicto con el deber fiduciario, en lugar de cumplirlo.²

En este sentido, la inversión a nivel sistémico no consiste tanto en «hacer el bien» como en proteger la creación de valor a largo plazo.

El éxito de la inversión climática demuestra lo eficaz que puede resultar esta lógica. En la actualidad existe un sólido consenso en que los costes económicos de la inacción frente al cambio climático son considerablemente superiores a los costes que supone la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.³

Esta claridad ha movilizado capital a gran escala. Las sesiones sobre el clima llenan las salas de conferencias. Sin embargo, este momentum no se extiende de la misma manera a las cuestiones sociales. Si bien el cambio climático ocupa un lugar preponderante en la agenda, los temas sociales —como la desigualdad, los derechos humanos, los derechos laborales y el acceso a la educación y a la salud— suelen quedar relegados a un segundo plano y, en la práctica, reciben mucha menos atención.

Este desequilibrio resulta llamativo, a la luz de los datos disponibles. Numerosos estudios empíricos demuestran que una elevada desigualdad reduce el crecimiento económico a largo plazo al debilitar las instituciones, limitar el capital humano y aumentar la inestabilidad. Por ejemplo, se estima que el aumento de la desigualdad redujo el crecimiento acumulado del PIB en 4,7 puntos porcentuales a lo largo de 20 años en los países de la OCDE.⁴ Otros estudios presentan cifras diferentes, pero la conclusión es siempre la misma: la desigualdad está correlacionada negativamente con el crecimiento.

Por el contrario, los estudios demuestran que las inversiones en educación, salud e instituciones sólidas pueden tanto reducir la desigualdad como aumentar la productividad, lo que refuerza los resultados económicos. En otras palabras, al igual que el riesgo climático, la degradación del sistema social afecta directamente al coeficiente beta del que dependen los inversores.

¿Entonces por qué la inversión social se queda tan rezagada, a pesar de su relevancia financiera?

Parte de la respuesta radica en las prácticas de inversión actuales. En la actualidad, la mayoría de los enfoques de los inversores respecto a las cuestiones sociales siguen limitándose a evitar daños, a menudo mediante la exclusión de un pequeño número de compañías controvertidas o a través de la gestión de los riesgos reputacionales.

Eso difiere fundamentalmente del ámbito climático, en el que los inversores destinan activamente capital a soluciones de transición, infraestructuras e innovación. Si los estudios son correctos, la inversión a nivel de sistemas también debería exigir un cambio de mentalidad similar en lo que respecta a las cuestiones sociales, pasando:

• De la exclusión al impacto sistémico

• De la mitigación de riesgos a la identificación de oportunidades

• Del análisis aislado de una compañía a los resultados a nivel de todo el sistema

Las iniciativas que están surgiendo, entre las que se incluye el desarrollo de mejores normas y marcos, como el Grupo de Trabajo sobre Desigualdad e Información Financiera de Carácter Social (TISFD), reflejan esta transición. Su objetivo es ir más allá de la mera medición de indicadores de producción y resultados para comprender cómo las compañías contribuyen a los sistemas sociales —o los socavan— y cuáles podrían ser las repercusiones financieras.

Los críticos sostienen que la inversión a nivel de sistemas no es algo fundamentalmente nuevo. Se hace eco de conceptos anteriores, como la propiedad universal y la inversión en desarrollo sostenible. Y, en cierto sentido, tienen razón. La lógica subyacente se conoce desde hace décadas.

Sin embargo, lo que sí es nuevo es la urgencia y las pruebas. Ahora comprendemos mejor cómo los sistemas medioambientales y sociales se traducen en resultados financieros. Contamos con datos más sólidos, marcos normativos más claros y un momentum regulador cada vez mayor.

A pesar de su sólida base teórica, la inversión a nivel de sistemas se enfrenta a obstáculos prácticos. En primer lugar, aunque existe un amplio conjunto de pruebas que demuestran que las inversiones climáticas y sociales mejoran la resiliencia económica, las inversiones de transición suponen costes internos para las compañías, mientras que los costes económicos y sociales recaen sobre la sociedad. Ello no supone un incentivo inmediato para que las compañías y los inversores cambien. Esto se debe también a que los horizontes de inversión no están alineados, ya que los beneficios suelen materializarse a lo largo de períodos más prolongados que los ciclos de rentabilidad habituales.

En segundo lugar, un cambio sistémico requiere la coordinación entre inversores, organismos reguladores y compañías. Los inversores por sí solos no pueden resolver estos problemas, por lo que cada vez colaboran más con los gobiernos y los responsables políticos. Y ahí es donde reside el principal obstáculo. Es una cuestión cultural. Los inversores están acostumbrados a competir por el alfa, pero no a colaborar para mejorar la beta.

Puede que la inversión a nivel de sistemas no sea algo totalmente nuevo, pero cada vez resulta más inevitable. En lo que respecta al clima, la situación ya está clara: invertir en transición puede ser más económico que pagar por las consecuencias de la inacción. En lo que respecta a las cuestiones sociales, los datos apuntan en la misma dirección: unos sistemas sociales más sólidos sustentan unas economías más sólidas y constituyen un requisito previo para mantener la rentabilidad a largo plazo.

La verdadera cuestión no es si la inversión a nivel de sistemas puede resolver los problemas sociales, sino si los inversores están dispuestos a reconocer que sus carteras ya dependen de que se resuelvan dichos problemas.

Notas al pie

¹ System-Level Investing - TIIP The Investment Integration Project.
² https://www.netzerolawyers.com/publications/sustainable-fiduciary-duties---the-time-has-come-for-financial-fiduciaries-to-adapt-to-the-new-climate-reality
³ Por ejemplo, el informe Stern (2006), la OCDE (2015, 2021) – Mitigación del cambio climático: Políticas y avances, https://web-assets.bcg.com/a1/fc/811b182f481fbe039d51776ec172/landing-the-economic-case-for-climate-action-with-decision-makers-wo-spine-mar-2025.pdf
⁴ https://www.oecd.org/en/publications/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all_9789264235120-en.html